028991N02 · 30 jul 2002

N° 28.991 Fecha: 30-VII-2002 La Contraloría Regional de Valparaíso ha remitido una presentación de diversos empresarios del rubro hotelero, solicitando un pronunciamiento sobre la construcción de un hotel en el Casino Municipal de Viña del Mar, específicamente se determine la vigencia del dictamen N° 1.931, de 2000, emitido por esa Sede Regional, el cual fue objeto de una reconsideración por parte de esta Unidad Central a través del dictamen N° 18.184, de 2000, ratificado por el dictamen N° 18.466, del mismo año. Señala al efecto que la Corte de Apelaciones de Santiago -en virtud de un recurso de protección deducido contra este Organismo de Control- determinó, mediante sentencia de 12 de octubre de 2000, que el dictamen de esa Oficina Regional se encuentra vigente. Por su parte, don A.M., en representación de la sociedad "Antonio Martínez y Compañía", adjudicataria de la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar, señala que la referida sentencia fue impugnada mediante la interposición de dos recursos de apelación y, posteriormente, los recurrentes se desistieron de la acción de protección, desistimiento que fue aprobado por la Corte Suprema, por resolución de fecha 28 de noviembre de 2000. Por lo tanto, en atención a lo anterior y considerando que la sentencia no estuvo ejecutoriada, ella no puede producir efectos. Sobre la materia, es necesario indicar -sin entrar a analizar la aludida sentencia ni los efectos que produjo el desistimiento de la acción que le dio origen, en relación con la vigencia de los citados pronunciamientos de esta Contraloría General- que de acuerdo a los antecedentes acompañados, los recurrentes interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol N° 2.392 - 2000, en contra de la actuación del ex-alcalde de la municipalidad de Viña del Mar, don R.G., contenida en el Decreto Alcaldicio N° 2769, de fecha 24 de mayo de 2000, en virtud del cual se adjudicó la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar, cuya resolución se encuentra actualmente pendiente. Cabe agregar que uno de los fundamentos de dicho reclamo lo constituye el cuestionamiento que se hace a la legalidad del procedimiento de licitación, toda vez que la oferta del adjudicatario no se ajustó estrictamente a las bases administrativas de la propuesta pública. Pues bien, precisamente aquella situación ha sido resuelta por el dictamen N° 18.184, de 2000, ratificado por dictamen N° 18.466, del mismo año, los cuales han reconsiderado el criterio contenido en el oficio N° 1.931, de 2000, de la Contraloría Regional de Valparaíso. En atención a lo expuesto y considerando que, conforme al inciso tercero del artículo 6 de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, esta Entidad Fiscalizadora no puede intervenir en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, como sucede en la especie, cumple manifestar que este Organismo debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia, toda vez que a través del reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones de Valparaíso está efectuando un análisis del fondo de las materias planteadas en los dictámenes en comento. Finalmente, es menester precisar que a la época de la emisión de los pronunciamientos en cuestión, el asunto no estaba en conocimiento de los Tribunales de Justicia. 

Fuentes legales citadas

ley 10336 art/6 inc/3