023616N08 · 22 may 2008

N° 23.616 Fecha: 22-V-2008 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a decreto N° 186, de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el contrato celebrado entre dicho Ministerio y la sociedad GTD TELESAT S.A., para la prestación del servicio de suministro e instalación de un sistema de comunicaciones telefónicas locales, tanto internas como externas, adjudicado en el proceso de licitación pública cuyas bases, en el marco de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, fueron aprobadas por resolución N° 66, de 2006, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, atendidas las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, corresponde observar, en primer término, que en la cláusula 24a del citado contrato, se haya estipulado que "De prorrogarse el contrato, en el mes de enero de cada año, el Contratista deberá otorgar una nueva boleta bancaria de garantía por el monto que resulte de la suma de la garantía de cumplimiento de contrato [...] más la ampliación de la misma. Esta última entregada por GTD TELESAT S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y párrafo segundo del numeral 62 de las bases administrativas...". Ello, por cuanto el precepto reglamentario aludido y la mencionada estipulación de las bases contemplan una situación diversa, cual es la posibilidad de un aumento de la garantía de cumplimiento, para el evento en que el precio de la oferta presentada por un oferente sea inferior al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, antes de adjudicar el contrato, sin que las bases consideren la posibilidad de aumentar la garantía en el evento de una prórroga del mismo, sino la entrega de una nueva caución, procediéndose a la devolución de la anterior, tal como se prevé en el numeral 63 de dicho pliego de condiciones. Adicionalmente, se debe consignar que no se acompaña la garantía de fiel cumplimiento referida en la cláusula 23a de la convención en estudio, en los términos requeridos por el numeral 62 de las bases administrativas, conforme al cual, el adjudicatario debió constituirla antes de la suscripción del contrato. Del mismo modo, debe observarse, qué no se designa el funcionario que estará a cargo de la administración directa del contrato, en los términos requeridos por el párrafo segundo del numeral 30 de las bases técnicas. Seguidamente, debe anotarse que no se acompañan los documentos individualizados en los puntos 4 y 10 del Acta de Evaluación de las Ofertas de fecha 22 de diciembre de 2006, especialmente el anexo denominado "Evaluación de las Ofertas", que contiene el detalle de las puntuaciones asignadas y el desarrollo de la evaluación de las ofertas de conformidad con cada uno de los criterios definidos al efecto. En lo meramente formal, cumple hacer presente que en la cláusula 36 del convenio, se omite consignar que el decreto supremo N° 269, del Ministerio de Relaciones Exteriores -en el cual consta la personería de don C.F., para actuar en nombre de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales-, fue dictado el año 2004. Finalmente, atendido que el acto administrativo en estudio se dictó el 26 de octubre de 2007 y sólo el 17 de marzo de 2008 ingresó a trámite a este Organismo Fiscalizador, cumple hacer presente que esa Secretaría de Estado debe arbitrar las medidas pertinentes en orden a evitar una demora como la acontecida en la remisión de sus actos para el cumplimiento del control preventivo de legalidad, pues de ese modo se infringen los principios de economía procedimental y celeridad, consagrados en los artículos 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, respectivamente. Del mismo modo, debe anotarse, que en caso que la empresa adjudicataria haya prestado todo o parte de los servicios pactados en el convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá pagar las facturas correspondientes a los servicios que se hubieren ejecutado, lo cual no configura una validación de la referida contratación, sino que solamente evita; para dicha repartición pública, un enriquecimiento sin causa, sin perjuicio de la procedencia de hacer efectivas las responsabilidades que pudieren derivar de las irregularidades antes mencionadas, en tanto no se subsanen éstas ajustando el contrato a lo señalado en el presente oficio. 

Fuentes legales citadas

dto 250/2004 hacie art/42, ley 18575 art/8 dfl 1/19653/2000 sepre, ley 19880 art/7